Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto confirmando la sentencia desestimatoria de la instancia y,con ello,la resolución impugnada por la que se denegó la solicitud de renovación de la autorización residencia temporal y trabajo, denegación que se sustenta,en sede administrativa, en no acreditar que en el momento de la solicitud de renovación tuviera contrato de trabajo en vigor y no figurar de alta o asimilada al alta. La sentencia apelada confirma la resolución impugnada conforme al art. 71 RD 557/2011 en el que se establecen los requisitos acumulativos para acceder al permiso solicitado y sin que el recurrente haya acreditado el alta y cotización continuada del trabajador en la Seguridad Social durante el tiempo exigido,ni conste de alta en el momento de solicitar la renovación no contando con un nuevo contrato que reuniese los requisitos establecidos en el artículo 64. Y sin que por el hecho de encontrar trabajo, estando pendiente de resolución en recurso de reposición interpuesto frente a la denegación, se desvirtue la situación existente en el momento de solicitar la renovación. Se confirma la sentencia apelada no acreditando el requisito de continuidad en la relación laboral que dio lugar a la concesión de la autorización cuya renovación pretende,sin que tampoco acredite un período mínimo de actividad laboral de al menos tres meses por año.No acreditando tampoco que la relación laboral anterior se interrumpiera por causas ajenas a su voluntad.
Resumen: Se estima el recurso de apelación formulado contra el auto del Juzgado de ejecución de sentencia, revocando el punto tercero de la parte dispositiva de la resolución apelada y ordenando al Magistrado a quo la fijación, previa presentación por ejecutante y Administración ejecutada de los tres presupuestos a que se hace mención en el fundamento de derecho décimo de la Sentencia de que trae causa el incidente de ejecución (referidos, en exclusiva, al traslado y montaje de maquinaria de las características de la en su momento existente). El auto ordenaba al Ayuntamiento que procediera al fiel y debido cumplimiento del fallo, reconociendo el derecho de la parte ejecutante a que se le abonen las cantidades y los conceptos indemnizatorios que se recogen en el fundamento de derecho tercero de la meritada resolución judicial, por los daños y perjuicios provocados por el traslado de la actividad y la maquinaria a otra nave. Se reconoce el gravamen que representa la pérdida de la licencia de vado y la subsiguiente necesidad de trasladar el material de trabajo en una carretilla, y también el valor de la nave, la pérdida de valor comercial que pudiera existir, pero no por el valor total del inmueble como se pretende, ya que nadie ha privado a los demandantes de su propiedad, que siguen ostentando por más el valor del bien haya podido disminuir. También debe resarcirse a la empresa del coste representado por el traslado de su actividad y maquinaria a otra nave.
Resumen: La actora recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social que desestima su reclamación de tutela de derechos fundamentales por acoso. La Sala de lo Social desestima, en primer lugar, la revisión de hechos probados interesada por la demandante, por no reunir los requisitos jurisprudenciales para ello; en segundo lugar, admite la revisión propuesta por la empresa en su escrito de impugnación, por resultar relevante la existencia de un acuerdo transaccional; y, en tercer lugar, desestima el recurso, pues si bien rechaza la excepción de prescripción dado que el plazo de un año quedó interrumpido por un acuerdo transaccional, como también la eficacia liberatoria del acuerdo transaccional al no haber sido ratificado en conciliación administrativa o judicial, deniega la existencia de acoso, al no quedar probado; si bien pudo existir discrepancias entre la actora y sus superiores, e incluso su repercusión en el estado emocional y la salud psíquica de la trabajadora no necesariamente deben ser consecuencia de una situación de acoso.
